11.24.2006

Presidente de la Nacion: Dr. Néstor Carlos Kirchner


Presidente de la Nación
Dr. Néstor Carlos Kirchner

Fecha de nacimiento: 25 de febrero de 1950
Lugar de nacimiento: Río Gallegos, Santa Cruz
Profesión: Abogado
Estado Civil: Casado
Nombre de la Cónyuge: Cristina Fernández de Kirchner
Hijos: Máximo Kirchner - Florencia Kirchner

Actuación Pública y Profesional
· Cargo anterior: Gobernador de la Provincia de Santa Cruz
· Desde el 2000 lidera La Corriente, espacio de debate y pensamiento político federal al que se están adhiriendo dirigentes y ciudadanos de distintos puntos del País, convencidos que la política es la herramienta capaz de construir un País diferente.
· En 1996 fue fundador de La Corriente Peronista como línea interna del Justicialismo.
· En 1994 fue elegido Convencional Constituyente para la reforma de la Constitución Nacional.
· Fue Secretario de Acción Política del Consejo Nacional del Partido Justicialista.
· Desde 1992 es Presidente del Consejo Provincial del Partido Justicialista, habiendo asumido sus funciones en mayo de 1993 y siendo desde esa fecha reelecto para ocupar la titularidad del mismo
· El 10 de diciembre de 1991 fue electo Gobernador de la Provincia de Santa Cruz. En 1995 y en 1999 fue nuevamente elegido por la población santacruceña.
· En agosto de 1992, fue elegido Presidente de la Organización Federal de Estados Productores de Hidrocarburos (OFEPHI).
· Entre fines de 1983 y julio de 1984 ejerció la Presidencia de la Caja de Previsión Social.
· De 1987 a 1991 fue Intendente de Río Gallegos, capital de la provincia.
· En 1976 egresó como abogado de la Universidad Nacional de La Plata.
· Desde muy joven, militó en el Movimiento Justicialista, integrando las filas de la Juventud Peronista.

Los Cinco Presidentes

LOS DIAS DE LOS CINCO PRESIDENTES ARGENTINOS

Por Ricardo E. Brizuela


El fracaso del gobierno encabezado por el radical Fernando de la Rua, desató en Argentina una crisis que culminó el día 21 de diciembre de 2001 con la renuncia del primer magistrado.

Fué la culminación de un período de gobierno caracterizado por un deterioro paulatino de la autoridad del jefe de estado motivado por una administración deficiente de la cosa pública, magnificado todo por la falta de personalidad y firmeza de De la Rua.

Se dió así este hecho curioso en la historia argentina, dado que el cargo de Presidente de la República fue ocupado sucesivamente por 5 mandatarios distintos (incluyendo a De la Rua) en un período de poco mas de diez dias. El traspaso del mando fue realizado de acuerdo a la Constitución Nacional y con los Poderes Legislativo y Judicial en perfecto orden.

A continuación un breve resumen de los antecedentes de las personalidades designadas:

Fernando de la Rua:Nació el 15 de septiembre de 1937 y realizó todos su estudios, hasta recibirse de abogado y doctorarse, en su provincia natal, Córdoba. Afiliado al partido radical, fue asesor del Ministerio de Interior durante el gobierno del también cordobés y radical Arturo Illia. Fue senador por la Capital Federal en 1973 e integró con Ricardo Balbín la fórmula presidencial que se opuso a la de Perón-Perón a la renuncia de Hector Cámpora. Fue senador hasta el golpe de 1976. Diputado nacional en 1991. Jefe del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en 1996. Asume como Presidente de la República, sucediendo a Carlos Saúl Menem, el 10 de diciembre de 1999.
Ramón Puerta: Asume como presidente interino el 20 de diciembre de 2001, en su caracter de Presidente Provisional del Senado, por no estar cubierto el puesto de vicepresidente por renuncia de Carlos Alvarez - compañero de fórmula de Eduardo de la Rua - en el 2000. Nació en Misiones y es empresario yerbatero. Es justicialista y ocupó diversos cargos, incluída la gobernación de su provincia. Nació el 9 de septiembre de 1951.
Adolfo Rodriguez Saa: Asume el 23 de diciembre del año 2001. Nació en San Luis, capital de la Provincia de San Luis, el día 25 de julio de 1947. Es abogado recibido en la Universidad de Buenos Aires (UBA). Fue cinco veces gobernador de su provincia. Fue electo presidente por la Asamblea Legislativa. Presentó su renuncia el 31 de diciembre de 2001.
Eduardo Camaño: Asumió la presidencia interinamente el 31 de diciembre de 2001 en su caracter de Presidente de la Cámara de Diputados, ante la renuncia de Adolfo Rodriguez Saa. Ejerció cargos partidarios y electivos.
Eduardo Duhalde: Asume la Presidencia el 1 de enero de 2002 elegido por la Asamblea Constituyente. Es abogado, nació en Lomas de zamora, provincia de Buenos Aires, el 5 de octubre de 1941. Tiene una amplia trayectoria en el partido Justicialista, ocupó diversos cargos partiarios, iniciando su carrera política como Intendente de Lomas de Zamora. Fue gobernador de su provincia y diputado nacional. Acompañó como vicepresidente al doctor Carlos Saúl Menem en su primer período, después de las elecciones de 1989. Entregó el gobierno a Nestor Kirchner en diciembre de 2003.

Dr. Fernando De La Rua

Durante la última década, el poder de los grupos financieros y el modelo socioeconómico excluyente creados durante la última dictadura militar se consolidaron. Las nuevas relaciones de explotación y dominación que se gestaron en la dictadura militar alcanzaron su plena madurez con el mandato de Carlos Menem.

La disparidad económica, social y política entre el gran capital y las pequeñas empresas, entre los ricos y los sectores populares, sólo puede compararse con las desigualdades de los años 40, es decir, el periodo previo a la irrupción del peronismo en la Argentina

Dr. Carlos Saúl Menem


SINTESIS DE CONTENIDO

La caída del muro de Berlín en 1989 abría paso aun mundo en el que una sola potencia, los Estados Unidos, ejercía una hegemonía militar indiscutible, acompañada de un poder económico formidable.

El 14 de mayo de 1989. Carlos Menem el candidato del Frente Justicialista Popular (Frejupo y una coalición del P.J. con diversos partidos. se impuso al radical Eduardo Angeloz con el 49,3% de los votos. El 8 de julio, con circo meses de antelación -el traspaso de poderes estaba previsto para el 10 de diciembre, ante la delicada situación económica y social, Menem se bacía cargo de la Presidencia de la Nación.

Heredó una economía en rápida descomposición, una hiperinflación cercana al $5.000% y una deuda externa que rondaba los 63.000 millones de dólares. Una vez en la presidencia, cambié el mensaje populista de su campaña por un duro programa de ajuste, cuyo carácter ultraliberal provocó divisiones en la CGT y acusaciones de diversos sectores, por considerarlo contrario a los postulados del general Perón.

El nuevo presidente no hacía más que poner en marcha aquello que académicos, economistas y funcionarios estadounidenses y del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional establecieron a comienzos de 1989 en el denominado ‘Consenso de Washington: En el documento aparecían diez puntos que expresaban las necesidades y las opciones del mundo hacia el siglo XXI: disciplina fiscal, prioridad del gasto público en educación y salud, reforma tributaria, lasas de interés positivas determinadas por el mercado, tipos de cambio competitivos, políticas comerciales liberales, mayor apertura e la inversión extranjera., privatización de empresas públicas, desregulación y protección de la propiedad privada. También se dispuso que se otorgaría ayuda financiera a aquellos países endeudados que adoptaran las políticas sugeridas por el Consenso.

Para dar cauce a estas recomendaciones, Menem abandonó rápidamente sus promesas de salariazo y revolución productiva. Nombró ministro de Economía a Miguel Roig primero, y luego a Néstor Rapanelli, ambos altos ejecutivos de Bunge y Born. El llamado Plan Bunge y Born estableció el control de precios, el cierre a las importaciones y la convocatoria a negociaciones paritarias entre empresarios y sindicatos. También se aprobaron la Ley de Reforma del Estado y La Ley de emergencia Económica, que esbozaban un amplio plan de privatizaciones y dotaban al Ejecutivo de amplias facultades. El plan fracasó. La inflación no se detuvo y la recesión fue en aumento. En consecuencia asumió la Calera de Economía el el ministro de Economía de La Rioja Antonio Erman González, quien en 1990 lanzó un nuevo plan. Una de las primeras medidas fue el canje compulsivo de depósitos a plazo fijo por bonos externos. Esto ocasionó pérdidas irreparables al sector de pequeños y medianos ahorristas

Menem cultivó la alianza con sectores Conservadores tradicionalmente antiperonistas quienes ocuparon importantes cargos en el Gobierno. Así, el proceso de privatizaciones estuvo a cargo de José Roberto Dromi y María Julia Alsogaray Hacia el final de la presidencia de Menen y virtualmente no quedó ninguna empresa en manos del Estado. Se privatizaron la petrolera YPF, Aerolíneas Argentinas, Entel, gas del Estado, la Caja Nacional de Ahorro y Seguro, Obras Sanitarias, los aeropuertos, correo, la energía Eléctrica, la seguridad social, dos plantas siderúrgicas, el Mercado de Hacienda de Liniers las radios, los Canales de televisión. las carreteras los ferrocarriles Si bien la prédica privatista aconsejaba romper con el monopolio estatal, Las empresas adjudicatarias gozaron de un virtual monopolio, ya que se distribuyeron territorialmente la provisión de servicios. Esta transformo a los usuarios en rehenes de las empresas, que fijaron altas tarifas y con total libertad redujeron los servicios a los territorios que mayores ganancias les brindaban. El servicio ferroviario, por ejemplo, quedó reducido al Gran Buenos Aires y dejó aisladas a importantes zonas del país. Las privatizaciones proporcionaron unos 25.006 millones de dólares. Entre 1989 y 1990, como parte de una política de reconciliación nacional. Menem indulté a los máximos culpables de la represión durante la dictadura -Jorge Rafael Videla, Roberto Eduardo Viola y Leopoldo Fortunato Galtieri- y unos 220 militares y civiles, entre ellos el líder montonero Mario Firmenich, El 3 de diciembre de 1990, se produjo la última asonada de militares carapintadas liderados por el coronel Mohamed Ah Seineldin El alzamiento fue sofocado En 1994, quedó abolido el servicio militar obligatorio

Durante su gestión, Menem se alineó con Estados Unidos, buscando el anclaje del país en Occidente. Su canciller, Guido Di Tolla, llegó a decir que Argentina mantenía relaciones camales Con aquel país. En 1991, ante el conflicto en el Golfo Pérsico envió tropas a esa zona, rompiendo lo larga trayectoria de neutralidad argentina. Luego se posicionó del lado de Estados Unidos en lo referente a Cuba y en otros enfoques geopolíticos y llegó a alcanzar el status de aliado de la OTAN Además, el país renuncié, en 1990, e desarrollar armas nucleares Entretanto en el orden interno se sucedieron una serie de escándalos económicos da grandes proporciones. Muchos funcionarios encontraron en la falta de controles a impunidad para hacer negocios a expensas del Estado Miguel Angel Vicco y Carlos Spadone secretario y asesor presidencial respectivamente quedaron implicados en la venta de leche no apta para el consumo humano el asesor Emir Yoma y el ministro de Obras y Servicios Públicos. Roberto Dromi, decidieron renunciar luego de pedir coimas a empresa norteamericana Swift varios familiares y colaboradores del Presidente fueron investigados por lavado de narcodólares entre ellos su cuñada y secretaría personal, Amira Yoma; funcionarios de la empresa estadounidense IBM y del Banco de la Nación Argentina quedaron involucrados en al cobra y pago de coimas para posibitiar a firma de un contrato que beneficiaba a la empresa extranjera

Ante las numerables denuncias Menem consiguió la sanción de una en que aumentaba de cuatro a nueve los miembros de la Corte Suprema de .Justicia se designaron -por mecanismos que fueron duramente cuestionados seis de los nueve miembros que tendría esa corte. Quedó así conformada una mayoría automática que nunca se expidió en contra de las decisiones del Ejecutivo

En 1991 fue designado ministro de Economía Domingo Felipe una figura aceptada por el establishment ya que había estatizado lo deuda de los grandes grupos económicos privados cuando presidía el Banco Central durante la dictadura. Pronto el Congreso aprobarla la Lev de Convertibilidad Monetaria que fijaba la cotización del austral en razón de 10.000 unidades por 1 dólar. En 1992 el Plan recuperaba el peso como unidad de cuenta nacional sobre la paridad exacta y fija con respecto al dólar. Se prohibía además toda emisión de moneda sin el respaldo en las reservas internacionales de divisas. Si bien el programa trajo apa rejada cierta estabilidad, posibilidad de viajes al exterior, compras en cuotas y con tarjetas de crédito, esos frutos tuvieron como contrapartida la caída de los salarios reales, que recuperados del proceso inflacionario, iniciarían un descenso continuo. Los salarios estaban congelados pero los precios de los productos de la canasta familiar y las tarifas de los servicios y de los alquileres no. La disminución del índice de pobreza fue tan solo un reflejo de la disminución de la de inflación acompañada por un breve crecimiento del PBI y no una consecuencia redistributiva de la riqueza. El crecimiento de las exportaciones estuvo centrado en sectores de uso ‘rltensivo de los recursos naturales y la brecha salarial entre mano obra calificada y no calificada Creció

En 1992, una bomba destruyó la Embajada de Israel y dos años más tarde, otro artefacto explosivo demolió la sede de la Asociación Mutual Israelita Argentina AMIA). Entre los dos atentados murieron 116 personas y 550 resultaron heridas Tras años de investigaciones nada se ha esclarecido aún y los responsables siguen impunes.

En 1992 Argentina renunció a la inmunidad soberana y ratificó la jurisdicción de los tribunales de Nueva York para los contratos vinculados a la deuda externa. Un año después, el Gobierno emitió 25,000 millones de dólares en bonos, que posibilitaron a los Bancos acreedores desembarazarse de los créditos incobrables Según Cavallo ésta era la forma de Solucionar el problema de la deuda externa. En 1993, Menem y Alfonsín firmaron el denominado Pacto de Olivos por el cual se aceptaba la reforma Constitucional que Se reflejaría en cambios políticos e institucionales cuyo punto más llamativo era la reelección presidencial En 1994, quedó 1mb-mt4gada la nueva Constitución que establecía el acortamiento del mandato presidencial a cuatro años! la reelección presidencial, la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires, la creación del Consejo de la Magistratura, la elección de ‘os senadores y un nuevo capitulo, titulado Nuevos derechos y garantías

Como reacción al Pacto de Olivos, sectores de la Oposición entre los que se encontraban e dirigentes justicialistas como Ferrando Solanas , Chacho Alvarez, Juan Pablo Gallero, sectores de fa Democracia Cristiana de Carlos Auyero y Graciela Fernández Mehide y grupos socialistas liderados por Alfredo Bravo fundaron el Frente Grande.

EL 1 de enero de 1994, en virtud del acuerdo celebrado por Canadá, Estados Unidos y México entró en vigencia el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (NAFTA). Al mismo tiempo, se generaba en México una reacción encabezada por el subcomandante Marcos, del Ejército Zapatista de Liberación Nacional ante las decisiones gubernamentales que, con el objeto de dar cumplimiento al NAFTA garantizaban los latifundios provocando la extinción de las propiedades comunales

El 15 de marzo de 1995, murió en un accidente de helicóptero el hijo del Presidente Carlos Facundo Menem Su madre, Zulema Yoma, sostuvo la teoría de un atentado proveniente del entorno de su marido.

En 995, Menem obtuvo la reelección con el 49,6% de los votos, seguido por la fórmula José Octavio Bordón-Carlos "Chacho" Alvarez, del Frente País Solidario (Frepaso) El PJ consigue 434 bancas en desocupación y en el conjunto del capítulo social.

La CGT, que durante el gobierno de Alfonsín llevó adelante 14 paros generales, sólo hizo oír su voz a partir de 1998, cuando lanzó dos huelgas generales. Ante la escasa o nula combatividad de la central obrera oficial, se conformaron organizaciones alternativas el Movimiento de Trabajadores Argentinos (MTA), la Central de Trabajadores Argentinos (CIA) y la Corriente Clasista y Combativa (CCC).

En enero de 1997, se encontró el cuerpo calcinado del periodista gráfico José Luis Cabezas! El crimen quedé pronto ligado a bandas delictivas integradas por electivos de la policía bonaerense y al empresario Alfredo Yabrán, a quien Cavallo había denunciado en 1996 como miembro de una mafia económica. En 1996 el juez José Luis Macchi pidió la capture del empresario, quien se suicidé en una de sus estancias en Entre Ríos.

Luego de las denuncias realizadas contra el empresario Alfredo Yabrán, Domingo Cavallo renuncié a su cargo el 27 de julio de 1996 y fue reemplazado por Roque Fernández quien dio conlinuidad a su política económica.

En 1997, la Alianza -conformada por radicales, frepasistas y pequeños partidos regionales se impuso con el 45,7% de los votos en las elecciones legislativas. El justicialismo perdió la mayoría en la Cámara de Diputados por primera vez desde 1987. Una de las primeras medidas fue la derogación de las leyes de Punto Final (1986) y Obediencia Debida (4987), que no tuvieron carácter retroactivo, y por lo tanto, no afectaron a los militares que gozaban de impunidad gracias a ellas. Las investigaciones relacionadas con los secuestros de bebés durante la dictadura continuaron yen 4998, Jorge Rafael Videla fue arrestado, pero se le concedió la prisión domiciliaria por su avanzada edad.

En las elecciones presidenciales de 1999, el candidato de la Alianza, Fernando De la Rúa, triunfé con el 48,5% de los votos frente al candidato justicialista Eduardo Duhalde. El nuevo presidente designé ministro de Economía a José Luis Machinea, ex Gerente de Finanzas Públicas del Banco Central durante la dictadura militar Ante ¡a delicada situación económica, el Minis1ro dispuso un recorte salarial del 13% a los jubilados y empleo dos estatales que percibieran más de mil pesos.

En agosto de 2000, sobrevine la crisis a raíz de las graves acusaciones al Ejecutivo sobre sobornos en el Senado para aprobar la polémica Ley de Reforma Laboral, pactada con el FMI para conseguir su ayuda. La ley liquidaba los derechos del trabajador. Los principales denunciados fueron el ministro de Trabajo, Alberto Flamarique y el jefe de ¡a SIDE, Fernando de Santibañes, un banquero miembro de la UCP y amigo personal del Presidente. Restándole importancia al asunto, De la Rúa nombré al primero de ellos como Secretario General de la Presidencia. En consecuencia, el vicepresidente Carlos Alvarez renuncié a su cargo. Se trataba de una ruptura de la Alianza. Las renuncias continuaron: Terragno, a la Jefatura de Gabinete, De Santibáñez a la SIDE, y Flamarique a la Secretaria General de la Presidencia.

En diciembre de 2000, el Gobierno obtuvo un crédito de 30.700 millones de dólares al que denominaron blindaje”. Pero la ineficiente gestión de Machinea abrió paso a un nuevo ministro, Ricardo López Murphy, a quien se le encargó un programa de austeridad que fue rechazado con una ola de protestas en todo el país. El Ministro debió renunciar El 20 de marzo, De la Rúa depositaba sus esperanzas en Domingo Cavallo Por entonces, el ex funcionario del gobierno de tacto y de Carlos Menem contaba con un 70% de imagen Positiva y había salido tercero en las elecciones de 1999, Nueve días después, era investido por el Congreso con poderes especiales que le permitirían gobernar por decreto, transformándose de ese modo en ‘superminis. tro Cavallo diseñé un plan de competitividad que pretendía controlar la evasión de capitales, disminuir el gasto público y aumentarlos ingresos a fin de recuperar liquidez y reducir la necesidad de refinanciación de la deuda externa

La situación social se deterioraba. Las huelgas y los disturbios por los bajo salarios y las malas condiciones laborales se sucedían cotidianamente Los inversores desconfiaban de la paridad cambiaria y de la capacidad del Estado para pagar sus deudas. La bolsa de Buenos Aires registré bajas sucesivas y el riesgo país -índice de la confianza en la solvencia del país- alcan2ó los 1.300 puntos básicos, convirtiendo a la Argentina en la nación más proclive a suspender sus compromisos.

En las elecciones del 14 de octubre los justicialistas obtuvieron el dominio de los dos cámaras del Congreso. El desencanto do la sociedad se hizo sentir en lo que se denominé “voto bronca” (21,1%) yen el alto por000taie devotos en blanco (29,3%). En noviembre Cavallo presentó al FMI un nuevo plan de reformas, pero a) organismo no envió la ayuda acordada, La-crisis de confianza hizo que Los pequeños y medianos ahorristas se lanzaran a los bancos a retirar sus fondos. Los grandes ahorristas hacía tiempo habían puesto a salvo su dinero en el et tenor. La Ley de Convertibilidad se apoyaba en una base ficticia, porque el Banco Central contaba sólo con cerca de la tercera parte de las reservas liquidas en dólares para garantizar los 10.000 millones de pesos circulantes. E) sistema financiero estaba al borde del colapso. El 1 de diciembre, Cavallo decretó el estado de excepción monetario, que implicaba La inmovilizaron parcial de todos Los depósitos bancarios durante 90 días, topes de hasta 250 pesos o dólares por semana en las extracciones de efectivo y la imposición del uso de tarjetas de crédito y débito para la realización do pagos. Esta medida fue conocida como “el corralito. Como consecuencia, disminuyó el consumo y la actividad productiva, Los diversos actores sociales, partidos políticos y centrales sindicales dispusieron movilizaciones y paros so protesta por la situación. Se produjeron saqueos a comercios. El Gobierno respondió con la dimisión de Cavallo y la declaración del estado de sitio, Esta decisión fue repudiada, durante los días 20 y 21 de diciembre con cacerolazos de protesta y movilizaciones que la policía reprimió duramente El saldo fue de 27 muertos y decenas de heridos en todo el país, De la Rua invitó al justicialismo a participar de un gobierno de “concertación nacional”. Los justicialistas no aceptaron y el presidente luego de leer en cadena nacional su renuncio se escurría ríe la Casa Rosada en un helicóptero que lo llevó a la residencia de Olivos, Durante la última década, el poder de los grupos financieros y el modelo socioeconómico excluyente creados durante la última dictadura militar se 000solidaron Las nuevas relaciones de explotación y dominación que se gestaron en la dictadura militar alcanzaron su plena madurez con el mandato de Carlos Menem. La disparidad económica, social y política entre el gran capital y las pequeñas empresas, entre los ricos y los sectores populares, sólo puede compararse con las desigualdades de los años 40, es decir; el perfecto previo a la irrupción del peronismo en la Argentina, ex Gerente de Finanzas Públicas del Banco Central durante la dictadura militar Ante la delicada situación económica, el Ministro dispuso un recorte salarial del 3% a los jubilados y empleados estatales que percibieran más de mil pesos.

En agosto de 2000, sobrevino la crisis a raíz de las graves acusaciones al Ejecutivo sobre sobornos en el Senado para aprobar la polémica Ley de Reforma Laboral, pactada con el FMI para conseguir su ayuda, La ley liquidaba los derechos del trabajador. Los principales denunciados fueron el ministro de trabajo, Alberto Flamarique y eL jefe de la SIDE, Fernando de Santibañes, un banquero miembro de la ÜCR y amigo personal del Presidente. Restándole importancia al asunto, De la Rúa nombró al primero de ellos como Secretario General de la Presidencia, En consecuencia, el vicepresidente Carlos Alvarez renuncio a su cargo, Se trataba de una ruptura de la Alianza. Las renuncias continuaron: Terragno, a la Jefatura de Gabinete, De Santibáñez a la SIDE, y Flamanique, a la Secretaria General de la Presidencia, En diciembre de 2000, el Gobierno obtuvo un crédito de 30,700

millones de dólares al que denominaron “blindaje. Pero la ineficiente gestión de Machinea abrió paso a un nuevo ministro, Ricardo López Murphy, a quien se le encargó un programa de austeridad que fue rechazado con una ola de protestas en todo el país. El Ministro debió renunciar. El 20 de marzo, De la Rúa depositaba sus esperanzas en Domingo Cavallo. Por entonces, el ex funcionario del gobierno do tacto y de Carlos Menem contaba con un 70% de imagen positiva y había salido tercero en las elecciones de 4999, Nueve días después, era investido por el Congreso con poderes especiales que lo permitirían gobernar por decreto, transformándose de ese modo en super-ministro Cavallo diseñé un plan de competitividad que pretendía controlar la evasión de capitales, disminuir el gasto público y aumentar los ingresos a fin de recuperar liquidez y reducir la necesidad de refinanciación de la deuda externa, La situación social se deterioraba. Las huelgas y los disturbios por los bajo salarios y tas malas condiciones laborales se sucedían cotidianamente. Los inversores desconfiaban de la paridad cambiarla y de la capacidad del Estado para pagar sus deudas, La bolsa de Buenos Aires registré balas sucesivas y el riesgo país -índice de la confianza en la solvencia del país- alcanzó los 1.300 puntos básicos convirtiendo a la Argentina en la nación más proclive a suspender sus compromisos. En las elecciones del 14 de octubre, los justicialistas obtuvieron el dominio de las dos cámaras del Congreso. El desencanto de la sociedad se hizo sentir en lo que se denominé Noto bronca” (21,1%) yen el alto porcentaje de votos en blanco (26,3%).

En noviembre, Cavallo presentó al FMI un nuevo plan de reformas, pero el organismo no envió la ayuda acordada. La’crisis de confianza hizo que los pequeños y medianos ahorristas se lanzaran a los bancos a retirar sus tondos- Los grandes ‘ahorristas’ hacia tiempo hablan puesto a salvo su dinero en el exterior. La Ley de Convertibilidad se apoyaba en una base ficticia, porque el Banco Central contaba sólo con cerca de la tercera parle de las reservas liquidas en dólares para garantizar los 10.000 millones de pesos circulantes. El sistema financiero estaba al borde del colapso. El 1 de diciembre, Cavallo decreté el estado de excepción monetario, que implicaba la inmovilización parcial de todos los depósitos bancarios durante 90 días, topes de hasta 250 pesos o dólares por semana en las extracciones de efectivo y la imposición del uso de tarjetas de crédito y débito para la realización de pagos. Esta medida fue conocida como “el corralito. Como consecuencia, disminuyó el consumo y la actividad productiva.

Les diversos actores sociales, partidos políticos y centrales sindicales dispusieron movilizaciones y paros en protesta por la situación. Se produjeron saqueos a comercios. El Gobierne respondió con la dimisión de Cavallo y la declaración del estado de sitio. Esta decisión fue repudiada, durante los días 20 y 21 de diciembre, con cacerolazos de protesta y movilizaciones que la policía reprimió duramente. El saldo fue de 27 muertos y decenas de heridos en todo el país. De la Rúa invitó al justicialismo a participar de un gobierno de ‘concertación nacional. Los justicialistas no aceptaron y el presidente, luego de leer en cadena nacional su renuncia, se escurría de la Casa Rosada en un helicóptero que lo llevó a la residencia de Olivos.

Gobierno de Raul Alfonsín (1983-1989)


SÍNTESIS DE CONTENIDO

Luego de casi ocho años de interrupción democrática a manos de las Juntas Militares, terrorismo de Estado y vuelco total de la economía nacional desde los sectores de la producción y la industria a los de las finanzas y los servicios. y tras la guerra de Malvinas, se reiniciaba el camino dala normalización institucional.

En las elecciones de 1983, Raúl Alfonsín se adjudicó el 51.7% de los votos contra el 40,1% de Italo Argentino Luder. convirtiéndose en el primer postulante radical en derrotara un justicialista.

La U.C.R. estableció también un precedente histórico al obtener 128 de las 254 bancas que componían a Cámara de Diputados, 16 más que el PI y con ello la mayoría absoluta.

En el interior hicieron sentir su fuerza el P.J. y las pequeñas formaciones regionales conservadoras. La UCR sólo ganó los gobiernos de siete de las veintitrés provincias. Esta desequilibrio entre el peso electoral de la UCR a nivel nacional y el predominio geográfico del P.J., más homogéneamente implantado en las provincias, quedó reflejado en el Senado, donde de los 46 miembros del partido de Alfonsín sólo conquisté 18 bancas, es decir, la minoría.

Durante su campaña, Alfonsín fue el candidato que más claramente habló sobre el futuro papel de has Fuerzas Armadas como institución subordinada al poder civil, y en particular a él como Comandante en Jefe en su carácter de Presidente de La Nación. Propuso recortar en un tercio el presupuesto militar y que la lucha antisubversiva quedara en manos deja policía dentro del marco de la ley y el respeto a los Derechos Humanos.

Anuncié además un reordenamiento de los sindicatos, hasta entonces mayoritariamente en manos peronistas. Indicó que el objetivo era democratizar tas instituciones gremiales y hacerlas representativas de la mayoría de los trabajadores. Señalé la existencia de un pacto militar-sindical que atentaba contra la democracia argentina y se propuso desbaratarlo apenas asumiera la Presidencia de a Nación.

El electorado no se volcó a la propuesta del radicalismo por sus promesas de progreso económico, sino porque Alfonsín irrumpía como la garantía de una normalización institucional donde la Libertad, la paz, la democracia y el respeto por las garantías individuales y los derechos humanos -mutilados por las Juntas Militares- expresaban justicia y modernidad.

El Gobierno de Raúl Alfonsín estuvo signado por tres hechos o temas fundamentales relacionados a la temática militar: el juicio a los ex comandantes, la política de derechos humanos y el problema militar en si mismo, no sólo con temas relacionados con las fuerzas en forma interna, sino también con los diversos levantamientos que tuvo que afrontar.

La dictadura militar había provocado una profunda fractura entre la sociedad y les Fuerzas Armadas. Esto se debía al rotundo fracaso del Proceso de Reorganización Nacional para solucionar Los gravísimos problemas que tenía el país, al terrorismo de Estado, implantado por las Fuerzas Armadas ya los métodos utilizados para deshacerse de todo aquel que no compartiera sus planes, y por último, a la derrota en la guerra de Malvinas y los hechos que allí se habían producido.

Alfonsín sabía que no podía sentar bases sólidas para el futuro si no se zanjaba la cuestión civil-militar Por ello, manifestó en su campaña política algunas ideas a partir de las cuales superarla. Por un lado, eliminar el cargo de Comandante en Jefe de cualquiera de las armas. La jerarquía militar se terminaría en el cargo de Jefe do Estado Mayor y el Comandante en Jefe seria quien la Constitución establece: el Presidente de la Nación.

Por otro lado, proponía rechazar toda auto amnistía, declarando nula toda ley que quisiera enmendarla acción realizada por el gobierno militar, pero a la vez, reconocer que existían distintas responsabilidades entre los actuantes: una responsabilidad de quien toma la decisión de actuar como lo hizo: otra responsabilidad distinta de quienes, en definitiva, cometieron excesos en la represión, y otra muy distinta de quienes no hicieron otra cosa que cumplir órdenes, La teoría de los tres nivele fue expresada por Alfonsín en un discurso pronunciado en la cancha de Ferro durante la campaña de 1983. Por último se buscaría disminuir el presupuesto de las Fuerzas Armadas. Es decir, pretendía tener a las Fuerzas Armadas de La Nación en el marco de la Constitución la democracia.

Inmediatamente después de asumir, Alfonsín comenzó a concretar algunos de los puntos que había enunciado antes. A sólo tres días de haber tomado posesión de su cargo, dicta los decretos 167 y 158. El primero establecía la necesidad de perseguir penalmente a los conductores de grupos armados como los Montoneros y el Ejército Revolucionario del Pueblo (E.R.P.). El segundo ordenaba el juicio a los ex comandantes que integraron as tres Juntas Militares ante el Consejo Supremo de las Fuerzas Arma-das por su responsabilidad en los homicidios, torturas y detenciones ilegales perpetrados entre 1976 y 1983 inspirados en la Doctrina de la Seguridad Nacional.

También inicia la reestructuración del Ministerio de Defensa, con el objeto de transformarlo en un instrumento a través del cual el gobierno democrático pudiera controlar efectivamente el sector redefensa y por medio de éste a las Fuerzas Armadas.

El Juicio a las Juntas contaría con el aporte de las investigaciones realizadas por la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas Conadep). convocada por Alfonsín el 15 de diciembre de 1983 y cuya presidencia se otorgó al escritor Ernesto Sábato. Su objetivo era intervenir en el esclarecimiento de los hechos relacionados con la desaparición de personas otorgándoles la autoridad para recibir denuncias y pruebas y girarlos con posterioridad a la justicia. El Informe, que luego fuera publicado bajo el titulo Nunca más, fue entregado al Presidente el 20 de septiembre do 1984 y determinaba que fueron 8.960 los desaparecidos forzosos durante la dictadura, aunque Amnistía Internacional estimó que el número de victimas superaba los 16.000 y organizaciones argentinas como Madres de Plaza de Mayo hablaron de 30.000 afectados entre muertos y desaparecidos.

El juicio a los ex militares comenzó en forma oral y pública el 22 de abril de l985yconcluyó con la sentencia de a Cámara Federal en diciembre del mismo año- Los Tenientes Generales y ex Presidentes de Facto Jorge Rafael Videla y Roberto Eduardo Viola, el Brigadier General Orlando Ramón Agosti y los Almirantes Emilio Eduardo Massera y Armando Lambruschini fueron acusados y sentenciados por los delitos de homicidio, privación ilegítima do la libertad y aplicación de tormentos a los detenidos. También fueron sentenciados por e1 Consejo Supremo de as Fuerzas Arma-das el Teniente General Leopoldo Fortunato Galtieri, el Brigadier General Basilio Lamí Dozo y el Almirante Jorge Isaac Anaya (absuelto por la justicia civil en el anterior proceso» Si bien esta experiencia de enjuiciamiento generó un precedente histórico no sólo para Argentina, sino también para Latinoamérica, donde las experiencias de los Golpes de Estado siempre hablan quedado impunes, ciertos sectores de la sociedad consideraron que las penas otorgadas eran insuficientes además muchos acusados de m000rrango habían quedado absueltos.

Seguidamente, y para dar por concluido el capítulo correspondiente a los crímenes cometidos durante la dictadura, Alfonsín envía al Congreso el proyecto de ley que se conocería como de Punto Final y que fuera aprobado el 23 de diciembre de 1986. Según esta ley quedaba extinguida toda acción penal contra civiles y/o militares que no hubieran sido imputados por delitos cometidos en las operaciones antisubversivas dentro de un determinado plazo (basta el 23102/87). La Ley de Punto Final produjo el rechazo y malestar en importantes sectores de la sociedad civil, pero también en el seno de los sectores castrenses.

El 16 de abril de 1987 el Teniente Coronel Aldo Rico y un grupo que lo acompañaba! conocidos como los carapintadas, se amotinaron en la Escuela de infantería de Campo de Mayo resistiendo la citación que la Justicia fe hiciera al Mayor Ernesto Guillermo Barreiro (refugiado en el XIV Regimiento de Infantería Aerotransportada, en La Calera! Córdoba, declarada también en rebelión). Los insurrectos solicitaban el cese de la campaña de agresión do los medios de comunicación contra las Fuerzas Armadas, un aumento del presupuesto para esas fuerzas! la elección de un nuevo Jefe del Estado Mayor del Ejército de entre cinco postulantes que ellos propondrían y a exculpación para todos aquellos que hubieran participado en los hechos que se estaban sucediendo. Mientras tanto en todo el país, la gente se agolpó en las calles y las plazas para expresar su apoyo al gobierno constitucional y su repudio a la actitud de los carapintadas.

Luego de varios intentos para solucionar la crisis fue el mismo Alfonsín quien tuvo que hacerse presente en Campo de Mayo y lograr que Aldo Rico depusiera su actitud. Esto fue comunicado rápidamente a gente reunida en la Plaza de Mayo.

Inmediatamente se produjo la sustitución del General Héctor Ríos Ereñú como Jefe del Estado Mayor por el General José Dante Caridi. Pocos días después Alfonsín envió al Congreso el proyecto de Ley de Obediencia Debida promulgada el 8/6/87) que sólo admitía el procesamiento de quienes se desempeñaban por encima del rango de brigadier, es decir! aquellos que habían impartido órdenes yque habían contado con capacidad operativa para ejecutarlas. Hubo sólo una excepción: era el caso de los delitos de sustitución de estado civil y de sustracción y ocultación de menores.

Las leyes de Punto Final y Obediencia Debida ponían al descubierto, ante la sociedad, la fragilidad del gobierno constitucional frente a las presiones ejercidas por ciertos sectores de las Fuerzas Armadas -particularmente el Ejército para que se concluyera con la persecución a sus camaradas de armas.

Otros alzamientos militares se sucedieron. En Monte Caseros provincia de Corrientes, entre el 16 y la de enero de 1988 Alda Rico volvió a sublevarse, repudiando la prolongación de su arresto por los hechos de Semana Santa.

Esta vez las fuerzas leales” reencauzaron la situación. Era el primer enfrentamiento entre militares, luego del de los ‘azules y colorados en 1962. El 4 de junio del mismo año el coronel Mohamed Ah Seineldin fue el cabecilla de un nuevo alzamiento! Esta ve en Villa Martelli. Pugnaban por restaurar el honor y la dignidad del personal y la institución militar, reivindicar la guerra contra La subversión, lo actuado en la guerra de Malvinas y alcanzar una amplia amnistía. La rebelión fue sofocada rápidamente.

En 1988, se promulgó la Ley de Defensa Nacional (Nro 23.554), que establece las bases jurídicas, orgánicas y funcionales para la preparación, ejecución y control de la Defensa Nacional, Fijando sus finalidades y diferencias con la Ley de Seguridad Interior.

Pero el problema de los derechos humanos y la conflictiva relación con las Fuerzas Armadas no fue e1 único que el gobierno radical tuvo que encarar. El poder económico, formado por los grandes grupos financieros internacionales y por los grandes grupos económicos locales, había logrado hacerse del control de todo el proceso productivo y financiero sobre la base de la explotación de los trabajadores y la subordinación del Estado a sus intereses particulares. Una inflación mensual deL 20%, una deuda externa que rondaba los 45.000 millones de dólares -el 70% de ésta había sido contraído por los grupos privados y estatizada por el entonces presidente del Banco Central! Domingo Felipe Cavallo. en 1932- y una tasa de desocupación que ascendía al 7%. fueron as secuelas que la dictadura había dejado en el campo económico. Para paliar la situación de aquellas familias que no podían satisfacer sus necesidades básicas se lanzó el Plan Alimentario Nacional (PAN).

Una de las ideas de Alfonsín era quitarle a la Confederación General del Trabajo el monopolio en la representación de los derechos de los trabajadores. Para alcanzar ese objetivo, en febrero de 1984 la Cámara de Diputados aprobó el proyecto de ley sobre Reordenamiento Sindical que permitía la creación de nuevas uniones gremiales, pero que ponía en pie de guerra a la central que se encontraba dividida (CGT Azopardo y CGT Brasil) y que! a comienzos de 1984 y como consecuencia de la política sindical alfonsinista, se unificó bajo el liderazgo de Saúl Ubaldini. Durante este gobierno hubo 13 paros generales organizados por la CGT defensa de los intereses sectoriales que representaba.

En junio de 1085 se anunció el Plan Austral. Nuestra moneda cambió el nombre de peso argentino por el de austral. El austral equivalía a 1.000 pesos argentinos y nació cotizando con un tipo de cambio fijo de BO centavos de austral por dólar.

Las medidas incluidas en el plan eran: control de los precios de los productos y tarifas de los servicios públicos, congelamiento salarial y no emisión monetaria. Se pretendía así detener la inflación que crecía por entonces un 1% diario.

Muchas de esas medidas eran condiciones que el FMI exigía para continuar las negociaciones que llegaron a buen puerto cuando Alfonsín firmó con esa entidad un acuerdo de re - escalonamiento del pago de la deuda externa que vencía ese año y el otorgamiento de un crédito suplementario de 4.200 millones de dólares, pese a que en los primeros meses de su gobierno promovió la creación de una comisión legislativa para que estableciera el monto de la deuda legítima y a que intentó no negociar el pago de ella solamente con el FMI, acudiendo al Banco Mundial ,a Club de Paris. al Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y a la banca privada. El éxito inicial del Plan Austral se reflejé en las elecciones legislativas de noviembre de 1985. La U.C.R. reforzó su mayoría absoluta en la Cámara de Diputados manteniendo intactas sus 128 bancas. El PJ, en cambio, disminuyó su representación a 101 bancas. El radicalismo ganó, además, 17 de las 23 gobernaciones, incluyendo la Capital Federal. El triunfo daba indicios de que ¡asocie-dad continuaba confiando en la capacidad de Alfonsín para encarar tos grandes problemas que aquejaban a los argentinos.

Pero a fines del 986, el Plan Austral dio muestras de agotamiento. El austral comenzó a desvalorizarse fuertemente con respecto al dólar en e’ mercado de cambió. La inflación volvió a trepar mientras que la recesión y los conflictos sociales se agravaban más y más. Ante esta situación, se opté por el abandono de tos estrictos controles y por la liberalización económica. Esto significó el rompimiento con el modelo de economía semi cerrada puesto en marcha desde hacia medio siglo y la apertura del mercado a los productos extranjeros, acompañada por la reforma del Estado. Tal política estuvo enmarcada en los cambios que se operaron a nivel internacional. Tanto Inglaterra como EE.UU. propiciaron una serie de reformas en las cuales el Estado ya no intervendría en los problemas económicos y sociales. Así, una ola de privatizaciones, reducción de las prestaciones sociales y del empleo público abrían el camino hacia el neoliberalismo.

En agosto de 1986 la Cámara de Diputados empezó a tratar y aprobó en pocos días el proyecto de Ley de Divorcio. El trámite fue más lento en Senadores, pero luego de algunas modificaciones, el 3 de junio de 1987 el divorcio vincular se hacia Legal en la Argentina . Muchos festejaron la sanción de la ley, especialmente quienes pudieron regularizar su situación (había más de 1.500.000 parejas separadas de hecho). Fueron la Iglesia y los sectores conservadores los que no estuvieron de acuerdo con la nueva ley y preanunciaban una avalancha de rupturas matrimoniales con la consecuente repercusión en a disolución familiar. El Episcopado emitió un comunicado donde pedía que el mal que no se ha podido evitar se difunda lo menos posible. Y convoca una marcha a Plaza de Mayo en defensa de la familia.

Durante su gobierno. Alfonsín trató de dar impulso a la política exterior, abandonada por la dictadura y fue el canciller Dante Caputo el encargado de esa tarea. Se resolvió con Chile el conflicto por la demarcación fronteriza en el Canal de Beagle. a partir del cual casi se inicia una guerra en 1978 y que, en vísperas de las elecciones de 1983, suscité nuevas tensiones. Con la mediación del Vaticano, los dos países australes suscribieron en 1984 primero una declaración de paz y fraternidad y luego un acuerdo sobre e1 canal, que fuera ratificado por la sociedad argentina con un devotos favorables en una consulta popular convocada al efecto. En 1985 el Vaticano rubricó el tratado bilateral, En relación a las negociaciones con el Reino Unido por las Malvinas, sólo consiguió de Londres la reanudación del diálogo bilateral, excluyendo lo relativo a la soberanía de as islas.

Alfonsín inició también tratativas para alcanzar la integración regional con Brasil y Uruguay y firmé en 1988, junto a los mandatarios de ambos países, el Tratado de Integración, Cooperación y Desarrollo, que sería la piedra angular del Mercado Común del Sur (MERCOSUR). El tratado comprometía la creación de un espacio comercial común en diez años, mediante la eliminación dejas barreras arancelarias y no arancelarias y armonización de políticas comerciales.

En los 80 el cine argentino le abrió sus puertas a la voluntad de cambio. Los directores no exiliados se habían volcado al cine publicitario como otra alternativa de trabajo y luego, con la vuelta a la democracia, instauran implícitamente una nueva forma de hacer cine: este ese1 caso de Pino Solanas y Luis Puenzo. Durante el gobierno de Alfonsín. los principales organismos relacionados con la cultura fueron ocupados por figuras y personalidades relacionadas con ese campo, como por ejemplo el actor Luis Brandoni en la asesoría presidencial en temas de cultura; el escritor Pacho O`Donnell, como secretario do Cultura de la Municipalidad de Buenos Aires, Carlos Gorostiza en la Secretaria de Cultura de La Nación! Miguel Angel Merellano en A.T.C.. Todas estas transformaciones de base alentaron [a verdadera idea de cambio, pero aun así, la reprobación de las películas seguía vigente. Por este motivo se votó en el Congreso la ley 23.052 que estableció la abolición de la censura cinematográfica que durante casi 30 años había coartado la libertad del público y la creatividad de los autores. En 1984, hubo 24 estrenos. El primero en democracia fue Camila, de María Luisa Bemberg. A partir de ese momento! muchas de las películas intentan reflejar a través de sus historias os años de la dictadura militar. Con la vuelta a la democracia, poco a poco, las diferentes expresiones artísticas y sus creadores que habían estado censurados o exiliados- pudieron plasmar sus ideas libremente e intentar reconstruir el patrimonio cultural argentino. La gente estaba ávida por leer, ver y escuchar. Y los creadores (cineastas, músicos, escritores) ávidos do mostrar y cantar verdades.

Hacia 1986 Alfonsín anunció un ambicioso proyecto para fundar una ‘Segunda Repúblicas. Incluía la incorporación de Fa figura de un primer ministro, la posibilidad de un segundo mandato presidencial consecutivo, reformas administrativas y el traslado de la Capital Federal a la provincia de Río Negro, en la ciudad de Viedma. La idea fue evaluada como inoportuna por gran parle de la opinión pública, que también consideré que lo que se pretendía era tapar la dura realidad a la que se asistía: 1986 culminó con una inflación acumulada del 82% y llegó en 1987 al 175%.

A mediados de 1987, el gobierno declaró oficialmente fenecido el Plan Austral (aunque la moneda que le dio nombre siguió funcionando> y anunció un nuevo paquete de medidas que atraerían el apoyo del FMI a través de otro crédito stand-by. Se atacaría a la inflación y el déficit fiscal interno y externo. Se establecían además pautas estrictas en relación al tipo oficial de cambio del dólar, los salarios, impuestos y tarifas de servicios públicos.

La aplicación de estas medidas, que provocaron una gran disminución en la capacidad adquisitiva de algunos sectores sociales, sumadas a la tibia respuesta al problema militar, a la imposibilidad de hacer frente a los problemas sindicales y otros, repercutieron en los resultados de los comicios electorales de septiembre de 1987. También influyó en ellos el proceso de depuración interna que se dio en el seno del l, conocido como Renovación Peronista, liderada por Antonio Cafiero y Manuel de la Sota. En las elecciones de diputados nacionales de 1987 el P.J. obtuvo el 41.5 % de los sufragios frente al 37,3% de la UCR; en las provinciales,los radicales sólo mantuvieron las gobernaciones de Córdoba y Río Negro junto a la Capital Federal.

Estos resultados electorales y el agravamiento de la situación económica llevaron al Gobierno a abandonar algunos proyectos y a replantear su política económica. En agosto de 1988 se lanzó el Plan Primavera (Programa para Fa recuperación económica y el crecimiento sostenido>. Estaba centrado, una vez más, en contener el ascenso inflacionario a través del control de precios de as tarifas públicas y el congelamiento de los salarios estatales. Incluía control de cambio y precios, y negociación con el movimiento obrero. la Unión Industrial Argentina y la Cámara de Comercio. Quedaban fuera de la negociación Confederaciones Rurales Argentinas. la Federación Agraria, la Sociedad Rural y Coninagro.

1989 sería un año adverso para el gobierno:

• Las sequías afectaron las cosechas y la provisión do energía,

• EL copamiento al Regimiento 3 de Infantería de La Tablada llevado a cabo por miembros del Movimiento Todos por la Patria. Su recuperación -encargada a la policía y al Ejército- generó un saldo de 39 muertos y explicaciones turbias y oscuridad respecto de los móviles y conexiones de la acción ultraizquierdista -como la denominó el gobierno-y también sobre la forma en que fue resuelta la cuestión,

• Alza incontrolada de las tasas de interés, agotamiento de las reservas del Banco Central para intentar mantener el valor de un austral queso depreciaba cada vez más frente al dólar.

• Golpe de morcado producido por los principales grupos económicos al retirar sus depósitos de los bancos, retener divisas producidas por exportaciones y demorar el pago de impuestos.

La campaña para las elecciones presidenciales del 14 de mayo de 1989 se llevó adelante en este merco. La situación se tornaba cada vez meros manejable: hiperinflación, pérdida del poder adquisitivo de los salarios, remarcación de precios, compra compulsiva de dólares por parte de los especuladores.

En los comicios, el candidato del P.J., Carlos Saúl Menem, se impuso a Eduardo Angeloz. de la U.C.R., con el 47% de los votos, En medio de saqueos a supermercados. la situación social se tornaba insostenible para Alfonsín. Jesús Rodríguez reemplazó a Juan Sourrouille como Ministro de Economía. El 30 de mayo se decretó el estado de sitio y se adoptaron medidas económicas de emergencia. Comenzaba a sonar la palabra ingobernabilidad. Alfonsín se retiró antes del gobierno, sin haber podido cumplir su promesa de recuperación de ‘el orden. Era la primera vez en mucho tiempo que un gobierno civil y elegido constitucionalmente era sucedido por otro de igual condición. Su presidencia había restaurado y abierto la puerta a la consolidación de la democracia en el país y roto con el aislamiento internacional, pero no había podido lograr un crecimiento positivo, la deuda externa había crecido y los salarios decrecido enormemente, Menem llegaba optimista proponiendo síganme, revolución productiva y salariazo, en una Argentina con recesión del 6% de P.B.I., una deuda externa de 63.000 millones de dólares y una hiperinflación cercana al 5000% anual.

Acta Para el Proceso de Reorganización Nacional

Tbranscripción del diario La Opinión del 25 de Marzo de 1976.

"En la ceremonia cumplida ayer en el edificio Libertador, los miembros de la Junta Militar suscribieron previa lectura por el presidente del Colegio de Escribanos de Buenos Aires, el Acta para el Proceso de Reorganización Nacional y jura de la Junta Militar. El texto del documento es el siguiente: En la ciudad de Buenos Aires, capital de la República Argentina, a los 24 días del mes de Marzo de 1976, siendo las 10 horas 40 minutos, yo el Escribano autorizante a requerimiento de los señores comandantes de las FF.AA. me constituyo en el Comando General del Ejército donde se encuentran presentes el Comandante General del Ejército, Teniente General don Jorge Rafael Videla, el Comandante General de la Armada Almirante don Emilio Eduardo Massera y el Comandante General de la Fuerza Aérea, Brigadier General Orlando Ramón Agosti, y ante mí manifiestan que visto el estado actual del país, proceden a hacerse cargo del gobierno de la República, jurando por Dios y los Santos Evangelios desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de miembros de la Junta Militar, y observar y hacer observar los objetivos básicos y estatutos para el Proceso de Reorganización Nacional, la Constitución de la Nación Argentina, en el carácter de miembros de la Junta Militar resuelven:

Primero: Declarar caducos los mandatos del presidente de la Nación Argentina y de los gobernadores y vicegobernadores de las provincias. [...]

Tercero: Disolver el Congreso Nacional, las Legislaturas provinciales, la Sala de Representantes de la ciudad de Buenos Aires, y los Consejos municipales de las provincias u organismos similares.

Cuarto: Remover a los miembros de la Suprema Corte de justicia de la Nación, al Procurador General de la Nación y a los integrantes de los Tribunales Superiores provinciales. [...]

Sexto: Suspender la actividad política y de los partidos políticos a nivel nacional, provincia] y municipal.

Séptimo: Suspender las actividades gremiales de trabajadores, empresarios y de profesionales. [...]

Noveno: Designar, una vez efectivizadas las medidas antes señaladas, al ciudadano que ejercerá el cargo de Presidente de la Nación."

Transcripción de parte del comunicado de las FFAA

Comunicado Nº 1: Se comunica a la población que, a partir de la fecha, el país se encuentra bajo el control operacional de la junta de Comandantes Generales de las FF.AA. Se recomienda a todos los habitantes el estricto acatamiento a las disposiciones y directivas que emanen de autoridad militar, de seguridad o policial, así como extremar el cuidado en evitar acciones y actitudes individuales o de grupo que puedan exigir la intervención drástica del personal en operaciones.

Comunicado Nº 2: Sobre la vigencia del estado de sitio, los comunicados 2 bis, 5, 6 y 24 restringen la circulación local, por el país y en horarios nocturnos.

Comunicado Nº 3: A partir de la fecha el personal afectado a la prestación de servicios públicos esenciales queda directamente subordinado a la autoridad militar.

Comunicado Nº 19: Se comunica a la población que la junta de Comandantes Generales ha resuelto que sea reprimido con la pena de reclusión por tiempo determinado el que por cualquier medio difundiera, divulgare o propagara comunicados o imágenes provenientes o atribuidos a asociaciones ilícitas o personas o grupos notoriamente dedicados a actividades subversivas o de terrorismo. Será reprimido con reclusión de hasta 10 años el que por cualquier medio difundiera, divulgare o propagara noticias, comunicados o imágenes con el propósito de perturbar, perjudicar o desprestigiar la actividad de las FF.AA. de seguridad o policiales.

Comunicado Nº 33: Créanse Consejos de Guerra y severas penas por atentados. La junta Militar, Poder Ejecutivo Nacional, informó por el Comunicado Nº 33 que sancionó y promulgó con fuerza de ley lo siguiente:

Artículo 1) El que públicamente, por cualquier medio incitare a la violencia colectiva y/o alterare el orden público, será reprimido por la sola incitación con reclusión hasta 10 años.

Artículo 2) El que atentare en cualquier forma contra los medios de transporte, de comunicaciones, usinas, instalaciones de gas o agua corriente, u otros servicios públicos, será reprimido con reclusión por tiempo indeterminado o muerte. [...]

Artículo 7) Créanse en todo el territorio del país los Consejos de Guerra especiales estables que determina el artículo 483 del Código de Justicia Militar [...].

Comunicado Nº 25: La Junta Militar ha resuelto:

1) Intervenir la CGE, la CGT y ha procedido a congelar sus fondos.

2)Suprimir el fuero sindical.

3) Intervenir la Cruzada de la Solidaridad [...]

La CONADEP

La CONADEP fue formada luego que la democracia fuera devuelta a la Argentina en 1983, con el objetivo de investigar a los miles de desaparecidos durante el gobierno militar. La comisión recibió evidencias acerca de los eventos relacionados con personas desaparecidas y entregó esa información al Presidente Alfonsín el 20 de Septiembre de 1984. La comisión no determinó responsabilidades sino que se encargó de documentar la cronología de los eventos.

Con el objetivo de guardar la objetividad, el Poder Ejecutivo decidió que la comisión estuviera compuesta por individuos con prestigio nacional e internacional, elegidos por su consistencia en la lucha por los derechos humanos. Representarían diferentes afiliaciones políticas e ideologías.

Las personas elegidas trabajaron ad honorem.
Estas fueron:

· Ricardo Colombres

· Rene Favarolo

· Hilario Fernandez Long

· Carlos T. Gattinoni

· Gregorio Klimovsky

· Marshall T. Meyer

· Jaime F. de Nevares

· Eduardo Rabossi

· Magdelena Ruiz Guinazú

· Ernesto Sabato

Por el mismo decreto el Gobierno invitó a las dos cámares del Congreso a enviar tres representantes para que trabajaran junto con la Comisión. Sólo la Cámara de Diputados envió a representantes:

· Santiago Marcelino Lopez

· Hugo Diogenes Piucill

· Horacio Hugo Huarte

Ernesto Sábato, el 29 de Diciembre de 1983, fue elegido como Presidente de la Comisión. Cinco departamentos fueron creados para tratar los diferentes aspectos de trabajo la responsabilidad de de la Comisión:

· Departamento de Declaraciones, bajo la responsabilidad de la Sra. Graciela Fernández Meijide

· Documentación y Proceso de información, bajo la responsabilidad de el Dr. Daniel Salvador

· Departamento de Procedimientos, bajo la responsabilidad de el Dr. Raul Aragon

· Asuntos Legales, bajo la responsabilidad de el Dr. Alberto Mansur

· Departamento Administrativo, bajo la responsabilidad de el Dr. Leopoldo Silgueira

La Comisión relevó miles de casos de abducción, desaparición, tortura y ejecuciones. Cada caso era documentado en un archivo numerado. Se compilaron más de 50,000 páginas de documentación. Un resumen fue publicado en un reporte oficial en el año 1984. Luego de miles de testimonios y hechos horripilantes, la Comisión concluyó con una serie de recomendaciones para iniciar acciones legales contra los responsables.

El reporte puede ser visto en el libro publicado con el nombre "NUNCA MAS".

Golpe Militar de 1976

1974:La agonía del gobierno peronista

La muerte de Perón dejó sin control al conjunto de fuerzas que habían coexistido conflictivamente bajo su liderazgo. Cierto es que la ruptura entre las facciones peronistas había alcanzado un punto sin retomo antes de julio de 1974. Pero cierto es también que la muerte de Perón privó al gobierno de una conducción legítima y aceptada por el conjunto del peronismo, que pudiera reformular los acuerdos políticos y sociales para asegurar la gobernabilidad del país. En su lugar, ejerció una vacilante dirección su viuda, acompañada y aconsejada por el cada vez más influyente ministro de Acción Social y secretario privado de Perón, José López Rega. (En la foto Hectór Campora saluda al presidente saliente Alejandro Lanusse en 1973)

Además del entorno presidencial, el otro factor de poder en el seno del gobierno era el sindicalismo. Los sindicatos se sintieron relevados de los compromisos que habían asumido en 1973 y se dedicaron a deshacer el diseño político trabajosamente armado por Perón. Poco después de la muerte de Perón, la dirección de la CGT pasó a manos de sindicalistas que creían que el movimiento obrero debía entrar en la etapa política abierta con la muerte del presidente libre de viejos compromisos con el gobierno. Los nuevos compromisos que la nueva dirigencia negoció con el gobierno apuntaban a la reformulación del Pacto Social y al desplazamiento de los líderes sindicales y políticos opositores al oficialismo cegetista.

Perón y su esposa Isabel Martinez cuando asumían la presidencia de la republica Argentina el 12 de octubre de 1973

La concesión de la renegociación del pacto social desencadenó la renuncia de Gelbard. Esta reorganización del gobierno, que llevó a López Rega a la cúspide de su poder y fortaleció a la burocracia sindical, coincidió con un recrudecimiento de la violencia.


Hacia mediados de 1975, el conjunto de acuerdos que Perón había articulado y que habían constituido el eje de su proyecto de institucionalización política, habían fracasado y el país parecía marchar sin rumbo. La llegada de Celestino Rodrigo (foto izquierda arriba) al Ministerio de Economía agudizó aún más los problemas. Con el apoyo de López Rega, (foto izquierda) Rodrigo adoptó una serie de medidas, conocidas como el “Rodrigazo” —devaluación del peso entre un 100% y un 160%. incremento del 181 % en el precio de la nafta y del 75% en los precios del transporte, y o-tras medidas similares— que tuvieron como efectos inmediatos una aceleración brusca de la inflación y una crisis política. La crisis política culminó con el desplazamiento de Rodrigo y de López Rega, provocados por una exitosa huelga general declarada por la CGT.

Isabel Perón se alejó temporariamente del gobierno, que quedó en manos del presidente del Senado, Ítalo Luder (foto derecha). El ministro de Economía, Antonio Cafiero, apoyado por la CGT, procuró infructuosamente controlar la inflación. El retorno de Isabel Perón a la presidencia, la crisis interna del peronismo, la agudización de la violencia política, y la falta de colaboración —en muchos casos, abierta oposición— del empresariado y las Fuerzas Armadas, quitaron al gobierno toda base de apoyo.

Un golpe anunciado

El descontrol económico, la violencia política y la evidencia de la descomposición del gobierno abrieron la brecha por la cual tos militares volvieron al gobierno. El 24 de marzo de 1976 la Junta Militar —integrada por los comandantes de las tres armas, Jorge R. Videla (Ejército), Emilio E. Massera (Marina) y Orlando R. Agosti (Aeronáutica)— derrocó al gobierno de María Estela Martínez de Perón e inauguró lo que denominó “Proceso de Reorganización Nacional”. Esta nueva intervención militar fue diferente de las anteriores.

Masera-Videla-Agosti
Representantes de las Tres Fuerzas Armadas

El golpe de 1966 había originado un gobierno sostenido, en última instancia, por las Fuerzas Armadas; en 1976 el gobierno fue ejercido en forma directa y en todos sus niveles por las Fuerzas Armadas. Como señaló el nuevo presidente, el general Jorge R. Videla, el 25 de mayo de 1976:

“Las Fuerzas Armadas no fueron escuchadas. Como consecuencia de ello y previendo la inexorabilidad de la crisis, se prepararon para hacer frente a esta situación y las Fuerzas Armadas, como institución, dieron una respuesta institucional a una crisis también institucional.”

El gobierno militar se propuso transformar de raíz la sociedad argentina. No se trataba simplemente de corregir una política económica, de derrotar a la guerrilla o de resolver una crisis institucional. Para ello hubieran bastado algunos cambios dentro de la legalidad constitucional. Lo que para la Junta Militar estaba en cuestión era la existencia misma de una nación. Para resolver esta crisis, entonces había que “reorganizar” la sociedad argentina, en un “proceso” que no tenía “plazos” sino “objetivos”.

Esta “reorganización” tuvo expresiones concretas: represión política y social, desarticulación de las bases de la economía industrial y ejercicio autoritario del poder. Finalmente, culminó con la derrota militar en la Guerra de las Malvinas.

La represión ilegal —que tuvo su apogeo entre 1976 y 1978— fue uno de los rasgos básicos del gobierno militar. La ilegalidad no fue tal sólo por haber sido llevada a cabo por un gobierno de facto sino porque incluso se violó la legalidad establecida por ese gobierno. La represión, cuidadosamente planeada, organizada y dirigida por los más altos niveles de decisión política y militar, fue, al mismo tiempo, clandestina. Sus destinatarios no fueron exclusivamente los integrantes de las organizaciones guerrilleras comprometidos con la lucha armada, sino que se extendió a un conjunto de actores sociales y políticos sin vinculación directa con las organizaciones guerrilleras.

El decreto N° 6 de la junta Militar suspendió “la actividad política y de los partidos políticos, en jurisdicción nacional, provincial y munici­pal”. La ley n.0 21.261 dispuso ‘transitoriamente” la suspensión del “derecho de huelga, como así también el de toda otra medida de fuerza, paro, interrupción o disminución del trabajo o su desempeño en condiciones que de cualquier manera puedan afectar la producción, tanto por parte de trabajadores como de empresarios y de sus respectivas asociaciones u organizaciones”.

Las modalidades clandestinas de la represión incluyeron el secuestro y la detención en centros clandestinos —se verificó la existencia de más de trescientos—, la tortura y, en la mayoría de los casos, la ejecución. La Junta Militar implantó la pena de muerte. Sin embargo no la aplicó legalmente sino fuera de la ley. Como consecuencia de ello, surgió la figura jurídica de la desaparición forzada de personas —alrededor de diez mil casos comprobados, aunque algunas estimaciones triplican esa cifra—, incluyendo a personas detenidas y ejecutadas clandestinamente por las fuerzas de seguridad. Las consecuencias de la represión incluyeron también a la gran mayoría de la población, que vivió en un clima de miedo de censura.

A pesar de su pretensión de homogeneidad y firmeza, el gobierno militar estuvo atravesado desde sus orígenes por profundas divisiones internas, derivadas en buena medida de la particular traducción a la acción que adquirió la decisión de asumir institucionalmente el gobierno. El principio general que aseguró la participación de las tres fuerzas en el gobierno fue la distribución de la administración pública en todos sus niveles y modalidades —nacional, provincial, municipal, empresas del Estado, universidades— en partes iguales. Cada fuerza, o más precisamente, el cuerpo de oficiales de cada fuerza, se quedó con una tercera parte de los cargos públicos. Esta decisión -que revelaba la índole de las relaciones entre las fuerzas, caracterizadas por una profunda desconfianza— marcó también una diferencia entre el gobierno del “Proceso” y las anteriores intervenciones militares, que contaron con mayor peso de funcionarios civiles en la administración pública.

Entre 1976 y 1981, la gran mayoría de los altos cargos de la administración pública estuvo en manos de oficiales de las Fuerzas Armadas. Esto perjudicó el funcionamiento del Estado, fundamentalmente porque cada funcionario pasó a depender de dos jefes: su superior jerárquico en el escalafón de la administración pública y su superior militar. Esta doble dependencia contribuyó a fragmentar el Estado en múltiples unidades que gozaban de una autonomía de hecho, con los previsibles efectos de corrupción. Además, el mismo ordenamiento institucional y jurídico del gobierno del “Proceso” se caracterizó por su incoherencia y arbitrariedad. Como lo puso en evidencia la acción represiva, el gobierno militar no cumplió con las leyes que él mismo había dictado.

Estado legal, Estado Clandestino

“El Estado se vio afectado de forma más profunda aún. El llamado Proceso de Reorganización Nacional supuso la coexistencia de un Estado terrorista clandestino, encargado de la represión, y otro visible, sujeto a normas, establecidas por las propias autoridades revolucionarias pero que sometían sus acciones a una cierta juridicidad. En la práctica, esta distinción no se mantuvo, y el Estado ilegal fue corroyendo y corrompiendo al conj unto de las instituciones del Estado y a su misma organización jurídica.

La primera cuestión oscura era dónde residía realmente el poder, pues pese a que la tradición política del país era fuertemente presidencialista, y a que la unidad de mando fue siempre uno de los principios de la Fuerzas Armadas, la autoridad del presidente —al principio el primero entre sus pares, y luego ni siquiera eso— resultó diluida y sometida a permanente escrutinio y limitación por los jefes de las tres armas."
LUIS ALBERTO ROMERO
Breve Historia Contemporánea de Argentina (1994)

La Economía Durante el Gobierno Militar

La política económica del gobierno militar fue decidida y ejecutada durante cinco años por José Alfredo Martínez de Hoz. Ministro de economía entre 1976 y 1981. Martínez de Hoz concentró un enorme poder, que le permitió tomar decisiones que transformaron profundamente el funcionamiento de la economía y la sociedad argentinas. El programa económico que Martínez de Hoz presentó al país el 2 de abril de 1976 era de inspiración liberal y postulaba la necesidad de pasar de una economía de especulación a una de producción, por medio del estímulo a la libre competencia y la limitación del papel del Estado en la economía. Estos objetivos no fueron alcanzados. Por el contrario, el resultado de la política económica de Martínez de Hoz fue un crecimiento explosivo de la especulación financiera y una caída dramática de las actividades productivas.

En un primer momento, el gobierno militar tomó una serie de medidas de estabilización —que contaron con el apoyo del Fon-do Monetario Internacional y la banca privada extranjera— para controlar la inflación, reducir el déficit fiscal y equilibrar el sector externo. Se devaluó la moneda, se redujo el déficit del sector público —en buena parte congelando los salarios— y se consiguió financiamiento externo. La política económica tuvo un sesgo fuertemente antiobrero: se suspendió el derecho de huelga y se redujo la participación de los asalariados en el PBI (producto bruto interno).

Una vez controlada la crisis abierta con el Rodrigazo, el equipo económico definió y llevó adelante dos medidas principales: la apertura de la economía y la liberalización de los mercados financieros.

La apertura de la economía era la apertura del mercado interno a la competencia exterior —no la promoción de la exportación de la producción nacional—. El instrumento principal de esta política fue la reducción de los aranceles de importación. Posteriormente, la sobrevaluación del peso se sumo a esta medida, lo que comprometió seriamente la actividad productiva —afectada además por las altas tasas de interés—.

La liberalización del mercado financiero se llevó a cabo con la liberación de la tasa de interés y la autorización para el funcionamiento de nuevos bancos e instituciones financieras. Sin embargo el Estado, que renunciaba a los controles, garantizaba los depósitos a plazo fijo tomados por entidades financieras privadas.

En 1978 el gobierno militar estableció una pauta cambiarla —conocida popularmente como la “tablita”— que determinaba una devaluación mensual del peso. Esta devaluación era decreciente y tendía a cero. El objetivo declarado de esta medida era controlar la inflación. Este objetivo no se alcanzó. En cambio, lo que se fomentó fue una fuerte especulación con una gran masa de dinero colocada a corto plazo —favorecida por la abundancia de dólares en el mercado internacional— basada en la existencia de altas tasas de interés y la garantía del Estado sobre el precio de recompra de los dólares.

Algunas palabras y frases de uso habitual en la época —“plata dulce”, ‘bicicleta”,‘deme dos"— dan cuenta de las características de un período de prosperidad artificial y de especulación financiera.

La euforia financiera contrastaba con el comportamiento del sector productivo, apremiado por el endeudamiento. El sector industrial, en particular, sufrió una profunda mutación, que incluyó una caída en su producción, una disminución de la mano de obra ocupada y el cierre de numerosas plantas.

El esquema de Martínez de Hoz estalló en 1980, de la mano de la quiebra de importantes entidades financieras —entre ellas uno de los mayores bancos privados— y el Estado terminó haciéndose cargo de los pasivos de los bancos quebrados.

El Campeonato Mundial de Fútbol de 1978 se celebró en Argentina y contó con el decidido apoyo de la dictadura militar

En 1981, el general Viola reemplazó en la presidencia a Videla, y Martínez de Hoz también fue reemplazado. En ese año, el descalabro económico llegó al extremo. El gobierno dispuso una devaluación del peso del 400%, al tiempo que la inflación llegaba al 100% anual. Esta devaluación tomó impagables las deudas en dólares de las empresas privadas. El Estado nacionalizó las deudas, lo que acrecentó el endeudamiento público.

A pesar de su carácter liberal, la política económica de Martínez de Hoz incluyó una expansión considerable del papel del Estado en la esfera económica. Esto se debió en parte a la decisión de la cúpula militar de mantener en la órbita estatal a las empresas públicas —cuyos directorios, por otro lado, fueron ocupados por militares—. Además, durante este período creció la inversión pública. Muchas obras públicas fueron ejecutadas por contratistas privados y algunas empresas del Estado privatizaron parte de sus actividades —lo que se llamó “privatización periférica”—. En este último caso se incluyó la subcontratación de tareas de búsqueda y explotación petrolera y de tareas de reparación de materiales y mantenimiento de vías en los ferrocarriles, la provisión de equipos telefónicos, la recolección de residuos y el mantenimiento del alumbrado público en la ciudad de Buenos Aires. Alrededor de estas actividades se fue configurando un poderoso grupo de empresas contratistas del Estado.

Otras áreas de crecimiento del gasto público fueron la estatización de empresas privadas en dificultades —como la Compañía Ítalo Argentina de Electricidad y la compañía Austral— y la notable expansión del gasto militar.

En 1978, el conflicto limítrofe con Chile por la zona del canal Beagle estuvo a punto de desencadenar una guerra. Las Fuerzas Armadas fueron reequipadas con vistas al enfrentamiento y movilizaron tropas hacia la frontera. La guerra se impidió por la mediación del Papa Juan Pablo II.

Entre la apertura y la guerra

El estallido del programa económico coincidió con el cambio de presidente. El débil ganador en la puja interna de la cúpula militar fue el general Roberto Viola, designado presidente por la Junta de comandantes, en setiembre de 1980. Viola, que asumió en marzo de 1981, se propuso modificar la orientación de la política económica y encontrar una salida política para el régimen militar. Este intento de cambio obedecía a la percepción por parte de una fracción del Ejército del fracaso de la política de Martínez de Hoz y de la necesidad de buscar nuevos aliados. Viola dividió el Ministerio de Economía en cinco carteras, con el propósito de “despersonalizar” la política económica, incorporó una mayoría de civiles al gabinete, produjo un acercamiento con los sectores propietarios —nombró dirigentes representativos del sector rural y del industrial en los ministerios de Agricultura e Industria— e inició un diálogo con sindicalistas y políticos.

Este intento de encontrar nuevas bases de apoyo para el régimen militar fracasó. En el terreno político, la apertura fue recibida con frialdad por las principales fuerzas políticas, que dudaban de la representatividad de Viola dentro de las Fuerzas Arma-das y, por consiguiente, de la viabilidad de su política. En julio de 1981, se constituyó la Multipartidaria —convocada por la Unión Cívica Radical e integrada por los partidos

Justicialista, Intransigente, Demócrata Cristiano y el Movimiento de Integración y Desarrollo—, con la finalidad de ofrecer un bloque político unificado “tendiente a recuperar la vigencia de las instituciones democráticas y a ofrecer al país, coyunturalmente, una propuesta de solución ante la emergencia nacional”.

Sin embargo, la oposición decisiva al proyecto de Viola provino del frente interno militar. Esta oposición se manifestó como un conflicto de poderes entre la Junta Militar y el presidente, que culminó con el desplazamiento de Viola, en diciembre de 1981. Su reemplazante fue el general Leopoldo F. Galtieri. (foto arriba)

Galtieri intentó restablecer la imagen de autoridad del gobierno militar y retomar la orientación liberal de la política económica, que quedó en manos de un nuevo ministro de Economía, Roberto Alemann (foto izquierda). Endureció las relaciones con los partidos políticos y con el sindicalismo, que por su parte endurecieron también su oposición. Una masiva concentración promovida por la CGT-Brasil —el ala más combativa del sindicalismo, diferenciada de la CGT-Azopardo, más conciliadora—, el 30 de marzo de 1982, fue duramente reprimida. Pero la magnitud y el carácter de la movilización mostraron que la oposición social y política había crecido.

Tres días más tarde, el régimen militar —que en 1978 había llevado al país al borde de la guerra con Chile, evitada por la mediación del Papa— inició su última etapa, con la ocupación militar de las islas Malvinas.

La Guerra de las Malvinas

El 2 de abril de 1982 el gobierno ocupó por la fuerza las islas Malvinas. La ocupación, si bien se originó en una decisión tomada en secreto por unas pocas personas y sin calibrar adecuadamente sus posibles consecuencias militares y políticas, contó con un amplio respaldo popular.

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El gobierno imaginó que la recuperación de las Malvinas iba a resolver sus problemas políticos, en un momento en que el rumbo de la experiencia militar se veía comprometido. Al principio, eso pareció posible. Pero el gobierno había subestimado la respuesta de Gran Bretaña y creyó además que los Estados Unidos —cuyo principal aliado era precisamente Gran Bretaña— apoyarían la acción argentina.

La reacción británica —en buena medida motivada por razones de política interna— fue dura. El gobierno de Margaret Thatcher decidió enviar una poderosa flota y fuerzas militares para recuperar las islas. Los Estados Unidos, después del fracaso de la mediación del general Haig —que procuró que el gobierno argentino aceptara la resolución 502 de las Naciones Unidas y retirara las tropas de las islas— apoyaron decididamente a su principal aliado.

El gobierno militar decidió controlar estrictamente la difusión de noticias acerca de la evolución política y militar del conflicto, y creó un clima triunfalista que no se correspondía con el curso real de los acontecimientos.

En el piano de la política internacional, la Argentina recibió la adhesión de los países de América latina y del Movimiento de Países No Alineados, pero quedó aislada de las potencias occidentales. Un intento desesperado del gobierno argentino por cambiar sus alianzas y conseguir el apoyo de la URSS tampoco prosperó. En el plano militar, el poderío y la organización británicos superaron al caótico e improvisado dispositivo militar argentino. El 14 de junio de 1982, el mando militar argentino en Malvinas capituló ante los jefes británicos.

...El 15 de junio de 1982, las tropas argentinas se rindieron ante las inglesas. La guerra por las Malvinas había terminado. También empezaba el fin de la dictadura militar. (Foto: Archivo General de la Nación)

De Carter a Reagan


Las relaciones entre la Argentina y los Estados Unidos durante el “Proceso’ atravesaron dos atapas diferenciadas. En la primera, el gobierno de los Estados Unidos estaba en manos de James Carter, del partido Demócrata, que hizo de la defensa de los derechos humanos una de sus prioridades en América latina. Esta orientación lo llevó a un conflicto permanente con el gobierno argentino, que violaba sistemática­mente los derechos humanos. El cambio de administración —cuando el republicano Ronald Reagan reemplazó a Carter— tuvo como consecuencia un cambio de política con respecto a la Argentina. Reagan, que buscaba aliados para su política exterior, encontró en Galtieri un entusiasta adherente, dispuesto a aline­ar a la Argentina con la política exterior norteamericana y a intervenir militarmente en América central. Los Estados Unidos, por su parte, levantaron las sanciones que la administración Carter había impuesto a la Argentina. Galtieri, entusiasmado con los elogios norteamericanos e ignorante de la importancia relativa de los aliados de Estados Unidos, supuso que este apoyo se traduciría en una neutralidad benévola en el conflicto que pensaba iniciar con Gran Bretaña.
Dadas las condiciones militares del conflicto y el control de la información por parte del gobierno, la derrota militar fue a la vez inevitable e inesperada. Una de sus consecuencias principales fue la descomposición inmediata del gobierno militar. Galtieri renunció, la Marina y la Fuerza Aérea se retiraron de la Junta y el comandante en jefe del Ejército designó a un nuevo presidente, el general Reynaldo Bignone. (foto a la derecha)

Fuente: Historia Argentina Luchilo-Romano-Paz